En el 2011, por gestiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el gobierno de Quintana Roo expropió dos terrenos en tierras ejidales de Tulum para la construcción del entonces proyecto del aeropuerto de la Riviera Maya, que a la postre fue cancelado.
Sin embargo, en su conferencia matutina del 6 de octubre pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que retomarán el proyecto que se pretendió construir años atrás en esa zona, para lo cual ya existen dos terrenos en el municipio de Tulum, uno de los cuales sería aportado por la SCT y otro más por la Secretaría de Marina.
“Ya había un anteproyecto, pero no se concretó en tiempos de otros gobiernos; se tiene el terreno y lo van a construir los ingenieros militares igual como se está haciendo el aeropuerto Felipe Ángeles, de la misma forma (…) Vamos a comenzar a trabajar a principios del 2021, porque lo vamos a inaugurar en el 2023, ya es un hecho que se va a llevar a cabo esa obra. Hay dos terrenos, uno de la SCT y otro de la Secretaría de Marina en esa zona muy cercana a Tulum”, dijo el mandatario federal.
Especificaciones
El convenio entre la SCT y el hoy desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (Ipae), publicado el 29 de mayo del 2011 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecía que el gobierno del estado se haría cargo del trámite expropiatorio de los terrenos ubicados en los ejidos Macario Gómez, con superficie de 70-00-00 hectáreas y Jacinto Pat, con superficies de 50-00-00 y 56-41-69.768 hectáreas, ubicadas en el municipio de Tulum.
Una vez obtenidos los terrenos iban a ser transferidos a la SCT, dependencia que se comprometía a incluir en las bases de licitación, que el licitante ganador del concurso para construir el aeropuerto de la Riviera Maya, cubriría al Ipae, los gastos que éste realizó con motivo de la liberación del derecho de vía de los terrenos expropiados, ya que previo a la licitación de la obra los gastos por decreto expropiatorio, así como los servicios por recursos humanos, se realizaron en su momento con cargo al presupuesto del Ipae.
En caso de no realizarse la licitación por parte del Ejecutivo federal, la SCT advertía que “no tendría responsabilidad alguna con el Ipae, el gobierno del estado de Quintana Roo, y/o alguna otra dependencia, entidad, y en general cualquier otro incluyendo a particulares, respecto de la erogación efectuada por el Ipae con motivo de la liberación del derecho de vía”, según se lee en el convenio publicado entonces en el DOF. Cabe mencionar que el proyecto se canceló bajo la administración de Felipe Calderón al declararse desierta la licitación.
Actualmente, ni el gobierno federal ni la administración estatal han precisado con exactitud los terrenos que ocupará el nuevo aeropuerto de Tulum, sólo se sabe que se retomará el antiguo proyecto para cual fueron expropiados los dos terrenos a los que hace referencia el convenio publicado en mayo del 2011. (El Economista).
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